Aunque durante meses sostuvieron desde el municipio de Pilar que acompañaban de algún modo el reclamo de los vecinos por la instalación de las Termoeléctricas, se conoció en las últimas horas que el gobierno de Nicolás Ducoté le otorgó la habilitación definitiva a APR Energy, y que además, la resolución que les permitiría funcionar a pleno y en cualquier horario, tendría fecha del 6 de mayo de este año.
La pelea por la instalación de las Centrales Termoeléctricas APR Energy y Araucaria Energy en el partido de Pilar comenzó en el mismo momento en que Ducoté se hizo cargo del gobierno municipal y Mauricio Macri del Nacional. Pocos meses después los vecinos de lo que hasta ese momento era una zona residencial lindante con el municipio de Escobar se encontraron con la obra de dos centrales termoeléctricas que cambiarían para siempre la fisonomía del barrio y la calidad de vida y salud de sus habitantes.
Dieciocho turbinas generadoras de energía, motores sumamente ruidosos y tanques con miles de litros de combustible es sólo la parte visible del problema que va mucho más allá. Llega incluso a la contaminación de las napas freáticas y a la afectación del aire de la zona.
Casi de inmediato, los vecinos se organizaron para resistir esa instalación y las causas judiciales desfilaron durante casi cuatro años por diferentes juzgados, y habían logrado avanzar con al menos ciertas medidas cautelares, pero mientras la Justicia aun no determinaba definitivamente el destino de lo que ya era un hecho consumado, ahora se conoció que el municipio habría otorgado la habilitación definitiva a las Centrales para las que incluso, para poder llegar a esa instancia, modificó la categoría de zona residencial que tenía el lugar y lo convirtió en industrial.
"Esta información nos llegó el jueves pasado desde el interior del Municipio, pero no me sorprendió. Ya no me sorprende nada del intendente (Nicolás) Ducoté. No es leal, porque hace tres meses se reunió con nosotros, dijo estar preocupado por la situación, y ahora aparece esto", explicó Raúl Regis, titular de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, una de las organizaciones que lleva adelante la pelea judicial.
Regis agregó además que "la Defensoría del Pueblo de Pilar junto a las ONGs "1810 Vecinos Unidos de Pilar" y "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", hicimos un pedido de informes ambiental y manifestamos una formal oposición a cualquier tipo de habilitación municipal de las termoeléctricas de Pilar, como fue autorizada por el intendente. Además, vamos a ampliar la denuncia penal".
La resolución no se hizo pública pero el portal Infobae logró dar con el expediente donde figura la disposición 517-19 con fecha del 6 de mayo de 2019. El artículo primero de la misma dice: "Otórgase habilitación municipal a la Central Termoeléctrica denominada "Matheu II", perteneciente a la firma APR ENERGY SRL".
También aclara que se "puede procederse al levantamiento total de la clausura", asegurando que el funcionamiento de las 8 -y hasta 10- turbinas con las que cuenta la planta Matheu II no generan daño alguno. También se habilitó el funcionamiento de la central en cualquier rango horario, "tanto diurno como nocturno".
A su vez, la resolución descarta la posibilidad de que puedan verse comprometidos los valores de seguridad, salubridad, higiene y medioambiente, establecidos a nivel local; sentencia la "inexistencia de requisitos pendientes" y así define "expedir una habilitación definitiva a favor de la Empresa".
Matheu II y Matheu III, adjudicadas a APR Energy y Araucaria Energy respectivamente, se encuentran en la intersección de la ruta 25 con la calle Alborada y se extiende por varios cientos de metros hacia el interior de lo que hasta ese momento era un barrio residencial.
En diciembre de 2017 la justicia hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos por los daños al medioambiente y a la salud de los habitantes del lugar, y su derrotero judicial aguarda ahora una definición del máximo Tribunal de la Nación.
A la par, se siguieron sumando fojas en varios expedientes; denuncias al OPDS que constató varias veces la irregularidad de su funcionamiento y los elevados niveles de sonoridad de las turbinas, junto a informes avalados por profesionales médicos que dan cuenta del acrecentamiento de alergias crónicas y el impacto en la irritación de las vías respiratorias y afecciones pulmonares.
Sin embargo, nada de esto pareciera haberle importado a Nicolás Ducoté que en absoluto hermetismo resolvió habilitar a APR Energy y en virtud de haber trascendido tal situación, los vecinos presentaron una ampliación de denuncia en la que se acusa al Jefe comunal por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público. La misma categorización de delitos pesa sobre Juan Pablo Martignone, el Jefe de Gabinete de la municipalidad de Pilar.
Cabe recordar que en el marco de las denuncias presentadas por los vecinos, ya habían sido acusados otros funcionarios que esperan ser citados a indagatoria, y se pidió incluir también a Claudia Zakhem (Presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante) y Liliana Berardozzi, funcionaria de la Dirección de Planeamiento, ambas, por la participación en el expediente de habilitación y de cambio de zonificación del lugar para beneficiar la instalación de las Centrales.
Además, quedó debidamente probado que María Raninelli Nuñez, también funcionaria municipal, incurrió en el delito de falsedad ideológica tras haber asentado en los informes de inspección, en diciembre de 2016, que la obra se encontraba en etapa preliminar, algo que desmienten los propios informes de OPDS que 15 días después certifican que tiene un avance del 67 por ciento ejecutado.
Ante la suma de irregularidades y la aparente habilitación de la termoeléctrica, la denuncia solicita que se tomen las medidas pertinentes y pide además, que se allane la municipalidad en busca de las actuaciones administrativas labradas con motivo de las habilitaciones y de confirmarse esta situación, sería citados a indagatoria el propio Nicolás Ducoté y los funcionarios firmantes y responsables del área de habilitaciones.
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